Palacio Legislativo de San
Lázaro, 14 de noviembre de 2012. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza
señaló hoy en un comunicado, que es fundamental promover la calidad educativa
no sólo en términos económicos, de indicadores o cumplimiento de metas, sino
con miras
a lograr una verdadera justicia social; en ese sentido, se pronunció
a favor de la Evaluación del Sistema Educativo en todos sus componentes,
considerando entre otros al magisterio, a estudiantes, directores, supervisores
y autoridades educativas, federales y estatales.
Por ello, la diputada Dora María
Talamante Lemas propuso modificar el artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear al Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE), dotándolo de autonomía, como el organismo que a
través de mecanismos transparentes y en un marco estrictamente técnico,
desarrolle los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional y la
posterior difusión de resultados y recomendaciones.
La iniciativa presentada formula
la necesidad de hacer cambios en los artículos 12, 29 y 31 de la Ley General de
Educación, para permitir que los procesos de evaluación, los resultados y los
estudios que el Instituto genere, sean referentes obligatorios para el diseño
de políticas públicas en materia de educación.
Talamante Lemas también presentó
al Pleno de la Cámara de Diputados la propuesta para crear Ley del Instituto
Nacional de Evaluación de la Educación, con el objeto de reglamentar las bases
del nuevo organismo que se crearía con las adiciones al artículo tercero
Constitucional y con ello ampliar los alcances del INEE y cumplir con la
demanda de la sociedad de contar con un órgano responsable de evaluar en forma
transparente, periódica y sistemática todos los elementos del Sistema Educativo
Nacional.
En cuanto al órgano de gobierno,
la ley presentada por Nueva Alianza establece que para garantizar la autonomía
del Instituto los miembros de éste no deberán formar parte de ningún ente del
Estado o partido político, serán propuestos por el Presidente de la República y
votados por el Congreso de la Unión; así mismo, se plantea que se conforme de
11 integrantes con la finalidad de disminuir la probabilidad de empates en las
votaciones que le correspondan para la toma de decisiones.
El texto señala que los
miembros de la Junta de Gobierno tendrán una duración de seis años, tomando
posesión de su cargo a la mitad del sexenio en curso, con el fin de garantizar
su autonomía y disminuir la probabilidad de que las decisiones de ésta se vinculen
al ciclo político sexenal. El presidente o presidenta del Instituto tendrá el
cargo por un tiempo de tres años y todos los miembros de la Junta de Gobierno
se sujetarán a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Al hacer uso de la tribuna, la
diputada señaló que las limitaciones que sujetan al Instituto, derivadas
principalmente por el diseño de su actual estructura, hacen explícita la
existencia de una instancia cuyo estatus jurídico sea la base de la
legitimidad, imparcialidad e independencia de las evaluaciones y la difusión
objetiva de sus resultados, así como de asumir la responsabilidad de promover y
ejecutar estrategias de formación y comunicación que den impulso al desarrollo
de una cultura de la evaluación educativa.
Sostuvo que en los últimos años,
en el ámbito legislativo, hemos sido testigos del consenso entre las diversas
fracciones parlamentarias respecto de la necesidad de que el INEE cuente con
personalidad jurídica de organismo autónomo, con patrimonio propio; pero sobre
todo, que sus resultados sean vinculantes con la planeación de políticas
educativas dirigidas a elevar la calidad de la educación. “Así lo demuestran
las iniciativas que se han presentado en el seno de esta Honorable Cámara de
Diputados por las diversas Fuerzas Políticas que la han conformado”, agregó.
La legisladora sonorense
estableció que es importante señalar, que en ningún momento se pretende privar
a la Secretaría de Educación Pública de la facultad que tiene para realizar
evaluaciones respecto del estado que guarda el sistema educativo nacional, lo
que se busca es consolidar una cultura de la evaluación que desde una figura de
autonomía y transparencia aporte al sistema educativo mejores elementos para la
toma de decisiones.
Debemos promover, dijo, la calidad educativa no
sólo en términos económicos, de indicadores o cumplimiento de metas, que desde
luego son importantes y necesarios, pero en nuestra gran nación es fundamental
que lo hagamos también con miras en lograr una verdadera justicia social, que
con base en esta evaluación educativa integral, obtengamos precisamente eso:
una mejora sustancial en la calidad de la educación.