México, D. F., 11 de noviembre de 2012.- Buscando concretar la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza en San Lázaro presentará una iniciativa
para reformar el Artículo Tercero Constitucional, así como los 12, 29 y 31 de la Ley General de Educación con lo que se pretende dotar de mayores facultades al INEE.

Dora María Talamante Lemas, Diputada Federal y Dirigente Estatal en Sonora de Nueva Alianza, en entrevista telefónica con Percepción señala que la iniciativa contempla como indispensable el cambio de modelo del organismo, con el objeto de garantizar los alcances en autonomía, transparencia, imparcialidad, eficiencia y oportunidad en la evaluación del sistema educativo federal y de las entidades de la federación.

“Con esto buscamos poner a nuestro organismo evaluador a la altura de los estándares internacionales en términos de una confiabilidad sustentada en principios de calidad, equidad en las condiciones de la evaluación tanto para lo local como regional, sustentados en que el progreso de las naciones se finca en políticas públicas correctas.

Señaló que hasta ahora solo la Secretaría de Educación Pública, es la facultada para realizar la planeación y  programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deben realizar.

“Con facultades propias el INEE podrá realizar de manera independiente, imparcial y objetiva los diagnósticos que se necesitan para la toma de decisiones en algo tan importante como prioritario para México, como es el sector educativo”.

Por ello, concebimos que con esta reforma constitucional para darle al INEE autonomía llevaríamos a esta institución a un status similar a l de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al IFE, con lo que estaríamos dando un paso importante sin duda en el fortalecimiento de nuestro sistema educativo nacional.

El INEE se conformó en 2002 integrando una Junta Directiva plural con 15 integrantes, siete representantes de la sociedad civil organizada y ocho funcionarios públicos, además de un Consejo Técnico de 16 especialistas de reconocido prestigio, con lo que se asumía podría tener independencia del Gobierno, lo cual está muy cuestionado por diversidad de actoral quienes reiteradamente ponen en duda su confiabilidad.

Por su parte, la Diputada Lucila Garfias, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de NA en el Congreso de la Unión, ante medios nacionales expuso que el modelo que se propone, coincide con la recomendación de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, que señala la importancia de distinguir entre la creación de instituciones u organismos y las reformas educativas mismas, valorando la visibilidad de los temas por encima de la definitividad de las soluciones y, sobre todo, que la creación de instituciones no constituye, como tal, una reforma educativa.

Queda claro, estableció, que sin instituciones fuertes con credibilidad y presencia en la sociedad, los planteamientos de política educativa que conllevan a transformaciones o reformas de fondo, difícilmente pueden concretarse. Pese a que la institución no es la reforma, sin ella la reforma no es posible.

Se aspira a que más que puntos de referencia, el trabajo del organismo sea rector de las acciones públicas que se tomen en materia de evaluación para nuestro sistema educativo.

Contar con un organismo eficiente y valorado socialmente en materia de evaluación educativa, subrayó, se convirtió en una demanda permanente de amplios sectores de la sociedad.

A menos de una década de su creación, sostuvo, se puede afirmar que el INEE, como organismo público descentralizado no sectorizado recientemente mediante modificación del Presidente de la República, fue una vía de solución parcial, que ha desarrollado de manera satisfactoria sus funciones.

No obstante, indicó, su actual estatus jurídico no le permite ampliar sus alcances y cumplir con la demanda de la sociedad de constituirse como el órgano responsable de evaluar de manera transparente, periódica y sistemática todos los elementos que integran el sistema educativo nacional.

Se propone, apuntó, que el nuevo organismo se rija bajo la dirección de una junta de gobierno como órgano de dirección, cuyos miembros serán designados por la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; atendiendo las propuestas del titular del Poder Ejecutivo.

Expuso que la ley establecería las bases de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, observando en sus funciones los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia, oportunidad, eficacia y equidad.

Asimismo, continuó la legisladora, establecería los requisitos que deberán cumplir los miembros de la junta de gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.