Las mentiras de la agrupación “Mexicanos Primero”
Cuando verdaderamente se tiene un propósito noble como es el de alcanzar una educación de calidad, en el que estamos comprometidos todos, se busca sumar voluntades
por medio del diálogo sereno, del acuerdo, del consenso, del respeto mutuo, de la conciliación, de acciones que propicien el esfuerzo colectivo; pero cuando se proclama apasionado amor por una causa, pero se intenta perjudicar y desprestigiar, por medio de la confrontación y la mentira, como hace el señor Claudio X. González y la llamada agrupación “Mexicanos Primero”, entonces es muy razonable concluir que sus objetivos no son sanos ni bien intencionados, pues no es nada constructivo promover acusaciones falsas para descalificar el trabajo de los sindicatos y dañar la imagen de los maestros de México.
Por ello, tiene mucha razón el SNTE, cuando en un comunicado que se dio a conocer la semana anterior, señala que el señor X. González, de manera irresponsable, descalifica el trabajo de los comisionados de la organización gremial y ataca al sindicalismo mexicano; y que en el fondo, lo que pretende es desprestigiar a la educación pública favoreciendo a las escuelas privadas que representan lucrativos negocios para el sector empresarial.
El SNTE también manifestó, que es evidente que hay grupos a los que conviene ignorar la necesidad que los trabajadores tienen de organizarse, de constituirse  como un sindicato fuerte para colectivamente aspirar no solo a mejorar sus condiciones de vida, sino a ser el dique que contenga los embates contra la escuela pública de parte de los sectores más conservadores de la sociedad mexicana.
Asimismo, el organismo gremial precisó que el señor X. González miente cuando dice que los comisionados están fuera de la ley y que suman 22 mil, como mintió cuando denunció en diciembre pasado el supuesto pago millonario a docentes. (Fin de la cita).
En efecto, como bien dice el SNTE, las comisiones sindicales con goce de sueldo no son ilegales, ya que la autoridad educativa las aprueba de acuerdo con el sindicato, con fundamento en el artículo 43 fracción VIII inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), que a la letra dice “Son obligaciones de los titulares (…) Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo, en los siguientes casos: (…) Para el desempeño de comisiones sindicales”.
Es cierto que el artículo 51 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP dice que las licencias para el desempeño de comisiones sindicales se considerarán sin goce de sueldo, pero este reglamento tiene jerarquía inferior a la LFTSE, y la realidad es que desde hace muchos años esa disposición ha quedado modificada, pues  la autoridad, al otorgar licencias sindicales con goce de sueldo, ejerce una facultad que le confiere la norma jurídica y fija legalmente un criterio en este aspecto, de conformidad con las atribuciones que le concede el artículo 87 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que “Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a solicitud de éste, se revisarán cada tres años”.
Importa subrayar, que el mencionado Reglamento de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, se expidió el 4 de enero de 1946, hace 67 años, con fundamento en los artículos  63 y 64 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, sustentación jurídica que dejó de existir hace más de 49 años, pues se abrogó el 28 de diciembre de 1963, al aprobarse la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, razón por la cual muchas de las disposiciones del citado ordenamiento, han tenido que ser actualizadas, con base en las facultades que le confiere la LFTSE a la propia autoridad educativa, la cual ha elaborado una normatividad que contempla, entre otros, los procedimientos y lineamientos para otorgar las comisiones sindicales.
En ese contexto, existe la necesidad de que la SEP, tomando en cuenta la opinión del sindicato, tal como lo establece la LFTSE, actualice en su totalidad el referido Reglamento, tal como lo han hecho en otras Secretarías del Poder Ejecutivo Federal. De hecho, como bien lo señaló la semana pasada la licenciada Soralla Bañuelos de la Torre, coordinadora del Colegiado de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, en el ámbito educativo “hay muchos reglamentos de las condiciones generales de trabajo, pactados con los gobiernos estatales, (que) establecen las licencias con goce de sueldo para la representación sindical".
En tales circunstancias, es pertinente resaltar, una vez más, el trabajo laborioso que llevan a cabo en forma cotidiana los trabajadores de la educación que estatutariamente tienen un cargo de representación sindical en las entidades y en el ámbito nacional, para atender a un millón 750 mil trabajadores de la educación, entre activos y jubilados, que son miembros de la citada organización gremial.
En ese sentido, solamente personas mal intencionadas o carentes de información, pueden dejar de comprender y valorar las innegables aportaciones que hace la dirigencia del gremio a la educación, pues tal como lo expresa el SNTE en el comunicado de referencia, “los comisionados sindicales son electos en sus congresos, integran comisiones mixtas de trabajo para atender las múltiples labores educativas, laborales y administrativas en todo el país y en ninguno de estos casos existe la posibilidad de incumplir la función asignada”
Es por eso, que la función legal de la dirigencia del  SNTE tiene mucho valor para la educación pública, ya que es un permanente ejercicio de responsabilidad, pues defiende los derechos y busca mejorar las condiciones laborales de sus agremiados, con base en el diálogo, la negociación y otros medios de acción sindical, pero sin suspender clases en las escuelas, lo cual contribuye en gran medida a dar estabilidad al sistema educativo y a generar una tranquilidad laboral que tiene gran relevancia, ya que no se puede hablar de calidad educativa ni de ningún avance, si existe inconformidad, agitación y convulsiones entre los maestros y trabajadores de la educación.
Como otras veces hemos afirmado en este mismo espacio, en un ambiente de protestas generalizadas, con marchas y plantones como métodos de lucha, como ya han existido en Sonora y, se viven actualmente en algunos estados del país, no se puede hablar, ya no digo de calidad educativa, sino ni siquiera de un desarrollo normal de labores en las escuelas, ni del desempeño tranquilo de las tareas administrativas de las autoridades educativas, muchas veces obstaculizadas por la toma de edificios oficiales.
Para no ir muy lejos en el tiempo, vea lo que ocurrió el pasado viernes en Oaxaca, jurisdicción de la Sección 22 del SNTE, militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que al realizar una serie de movilizaciones de maestros,  dejó sin clases a más de un millón 300,000 alumnos de nivel básico en la entidad, lo cual sí es un gran perjuicio para la educación pública.
Por todo lo expresado, es una gran mentira lo que afirma la agrupación “Mexicanos Primero”, que la cuestión de los comisionados sea una fuente ilegal de financiamiento del SNTE, ya que esta situación deriva de acuerdos legales con los gobiernos federal y estatales, plenamente justificados y respaldados por la norma jurídica, como ya quedó debidamente probado, en líneas precedentes.
En consecuencia, es falso también lo que asevera la referida agrupación empresarial, de que la circunstancia anterior, contradiga la posibilidad de que el sistema público de educación cumpla su función de combatir la pobreza, la marginación y la ignorancia, porque si a esas vamos, lo que sí contradice esa posibilidad, es el Decreto del Gobierno Federal que modificó la política fiscal para otorgar beneficios de deducibilidad de impuestos en el pago de colegiaturas que representan alrededor de 13 mil millones de pesos (según las proyecciones del propio Gobierno Federal), cantidad ésta que debería aplicarse a las escuelas públicas, tal como lo apuntó recientemente el sindicato en  el documento: “¿Por qué luchamos hoy? El SNTE: los maestros que sí queremos cambiar a México”.
Con todo, es de esperarse que por el bien de la educación pública y del país, se superen diferencias y se aleje la confrontación, pues si no hay armonía, paz social  y conciliación, no habrá tampoco un mejor futuro para nadie.